Este sábado, el Gobierno ha enfrentado una controversia por problemas con el sistema de pulseras de control telemático para maltratadores. El Gobierno ha admitido incidentes, pero sostiene que no han comprometido la seguridad de las víctimas. El PP ha demandado la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Según fuentes gubernamentales, el problema se debió a la transición técnica entre 2023 y 2024 al cambiar la empresa contratista de Telefónica a Vodafone, junto con Securitas Seguridad España. Esto provocó que ciertos datos no se enviaran a los juzgados a tiempo, pero una vez recuperados, se reanudaron los procedimientos. Los dispositivos han operado adecuadamente, alertando a las víctimas en riesgo. Además, han mencionado que ninguna mujer con un dispositivo ha sido asesinada en tres años y que no ha habido liberaciones por fallos en el sistema.
