El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha afirmado que no ha cometido ningún delito y ha respaldado su conducta en la protección de la Fiscalía frente a una operación desde la Comunidad de Madrid, que busca presentar al novio de Isabel Díaz Ayuso como una víctima de una maniobra política. La Abogacía del Estado ha enviado al Tribunal Supremo el documento de defensa de García Ortiz, quien enfrenta acusaciones que solicitan penas de entre 4 y 6 años de prisión por la divulgación de un correo del 2 de febrero de 2024. En dicho correo, el abogado de Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso, reconocía un fraude fiscal con el fin de llegar a un acuerdo con la Fiscalía. El documento sostiene que los hechos mencionados no constituyen un delito, por lo que el fiscal general no tiene responsabilidad penal ya que no ha ocurrido ningún acto delictivo. Solicita su exoneración por el delito de divulgación de secretos y sugiere convocar como testigos a González Amador, a su abogado, al jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, así como a fiscales y periodistas.
