Aina Calvo, la secretaria de Estado de Seguridad, ha comenzado el proceso para cancelar el contrato con la empresa israelí IMI Systems LTD, que tenía como objetivo la compra de munición en dos lotes para la Guardia Civil, por un total de 6,6 millones de euros. Calvo firmó el acuerdo para iniciar el procedimiento de resolución del contrato debido a su imposibilidad de cumplimiento, ya que la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Internacional de Material de Defensa y de Doble Uso, bajo el Ministerio de Economía, había rechazado la solicitud de importación. El acuerdo menciona el real decreto publicado el 23 de octubre, que establece medidas en respuesta al genocidio en Gaza y en apoyo a la población palestina. La secretaria de Estado considera que existe una «imposibilidad legal sobrevenida» para la cancelación, derivada de la prohibición de importar material de defensa desde Israel. Esta imposibilidad, según se destaca en el acuerdo, «es objetiva y ajena a las partes, impide la ejecución del contrato en sus términos originales, no puede ser corregida mediante modificaciones legalmente aceptables y no genera responsabilidad patrimonial para el contratista, a menos que se determine lo contrario en el expediente». El 21 de octubre de 2024 se adjudicó el contrato a la empresa israelí en dos lotes: uno por 4.464.900 euros y otro por 2.178.000 euros. Se establecieron garantías para asegurar el cumplimiento del contrato a favor del órgano de contratación, por un total de 184.500 euros y 90.000 euros, equivalentes al 5% del presupuesto base de licitación de cada lote, excluyendo impuestos. La empresa informó que tenía lista una partida, el 4 de agosto el subdirector general de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso rechazó la solicitud de importación, de acuerdo con el informe vinculante de la Junta Interministerial. La duración del contrato estaba prevista hasta el 17 de julio de 2027, por lo que Calvo considera necesario iniciar un expediente administrativo para su resolución, «ya que las obligaciones del adjudicatario no han sido extinguidas». En el acuerdo para iniciar los trámites de rescisión, la secretaria de Estado sugiere liquidar el contrato «por un importe de cero euros», además de reconocer al contratista cualquier indemnización que pudiera corresponderle debido a la resolución del contrato por causas no atribuibles a él y otorgar al contratista un plazo de 10 días para que presente sus alegaciones.
