La abogada de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha afirmado que no existen pruebas que justifiquen una investigación por malversación. Ha contextualizado los correos entre su asesora y la Universidad Complutense como una «asistencia puntual» relacionada con la cátedra que co-dirigió, subrayando que no recibió ingresos por ello. Según el abogado, no hay una «base fáctica» que sustente la acusación de este delito, por lo que esta parte del caso que investiga el juez Juan Carlos Peinado no podrá ser evaluada por un jurado popular. Con base en estos argumentos, el abogado Antonio Camacho ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que revoque la decisión en la que Peinado convertía esta pieza separada en un caso bajo la ley del jurado contra Begoña Gómez, su asesora, Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. El juez intenta establecer si los tres cometieron un delito de malversación, considerando que Cristina Álvarez, quien recibía un salario de fondos públicos, pudo haber sobrepasado sus responsabilidades como asesora al ayudar a Begoña Gómez en asuntos profesionales y personales.
