La Fiscalía no considera que Santos Cerdán haya cometido perjurio durante la comisión Koldo del Senado en 2024, ya que este delito implicaría alteraciones de la verdad que afecten a hechos y no simplemente a omisiones o imprecisiones. El Ministerio Público expresa su desacuerdo con la creación de una obligación penal de veracidad y argumenta que imputar el delito de falso testimonio en estas condiciones va en contra del principio de intervención mínima del derecho penal.
