La acusación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de un correo relacionado con el fraude fiscal de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado lugar a un juicio en el Tribunal Supremo. Del 3 al 13 de noviembre, un fiscal general del Estado se enfrenta a un juicio, acusado de divulgación de secretos, por la cual se le solicita una pena de entre 4 y 6 años de prisión. La Fiscalía se opone a esta acusación y aboga por su absolución. El 2 de febrero de 2024, el abogado Carlos Neira envió un correo a la Fiscalía de Delitos Económicos y a un abogado del estado, en el cual admite que Alberto González Amador, pareja de Ayuso, ha cometido «dos delitos» contra la Hacienda y propone un acuerdo en el que se declara culpable. Días más tarde, el fiscal Julián Salto le comunica que asumirá el caso y que toma en cuenta la intención de admitir los hechos. El 5 de marzo, la investigación, que comenzó en Hacienda, se traslada a los tribunales cuando la Fiscalía presenta la denuncia. Actualmente, González Amador sigue siendo procesado por ese fraude y está bajo investigación por corrupción en sus actividades comerciales.
