Miriam Mejías y Rafael Martínez | Madrid (EFE) – «En España se filtran muchas cosas», declaró una testigo al inicio del juicio, sorprendiendo al abogado de la acusación, en el que se juzga a un fiscal general del Estado debido a una filtración. Ahora corresponde al Tribunal Supremo decidir si se ha cometido un delito o no. Siete jueces del Supremo deben evaluar si existen pruebas en contra de Álvaro García Ortiz en relación con la supuesta filtración de un correo que revela un fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y deben determinar si él incurrió en la revelación de secretos. Seis días de juicio y la declaración de cuarenta testigos han permitido que las partes refuercen sus posturas: siete acusaciones, incluyendo a González Amador, sostienen que García Ortiz debería ser condenado a una pena de entre 3 y 6 años de prisión y hasta 12 años de inhabilitación para ocupar un cargo público; por otro lado, tanto la defensa como la Fiscalía consideran que la única decisión viable es la absolución. En anticipación a la decisión del tribunal, aquí están los puntos clave y las interrogantes que ha generado un proceso sin precedentes.
