El Gobierno ha manifestado su respeto por la decisión del Tribunal Supremo de imponer una pena de dos años de inhabilitación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, aunque no está de acuerdo con ella y ha informado que iniciará el proceso para su reemplazo en los próximos días. Fuentes del Gobierno han expresado estas opiniones tras la decisión del Tribunal Supremo, que ha impuesto a García Ortiz una pena de dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de divulgación de información confidencial relacionado con la filtración de un correo sobre la admisión de un fraude fiscal por parte de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El Gobierno reafirma su respeto por la justicia, aunque no esté de acuerdo con el veredicto y comenzará el proceso para designar a un nuevo fiscal general del Estado. El Gobierno ha manifestado su aprecio por el trabajo realizado por García Ortiz durante su gestión al frente de la Fiscalía General del Estado. El Ejecutivo, liderado por Pedro Sánchez, ha sostenido la inocencia del fiscal general y ha afirmado que el tiempo le daría la razón y restablecería el orden adecuado, aunque ha manifestado su respeto por la justicia y que aceptaba la responsabilidad de sus declaraciones en caso de que García Ortiz fuera declarado culpable.
