La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado al tribunal superior que revoque la decisión que impuso a Álvaro García Ortiz una multa de 7.200 euros y dos años de inhabilitación para ejercer como fiscal general del Estado debido a un delito de divulgación de información confidencial. En un documento firmado por María de los Ángeles Sánchez Conde, el Ministerio Público presenta un incidente de nulidad debido a la violación del derecho a la presunción de inocencia, la indefensión, así como la infracción del derecho a la legalidad penal y a la protección judicial efectiva. Por estas razones, solicita al Tribunal Supremo que revoque la sentencia condenatoria y que también anule la indemnización de 10.000 euros que García Ortiz debe abonar a Alberto González Amador por los perjuicios que le habría ocasionado la divulgación de información confidencial relacionada con sus negociaciones con la Fiscalía sobre delitos fiscales.
