La fiscal general, Teresa Peramato, ha decidido no iniciar un proceso disciplinario contra Álvaro García Ortiz, a pesar de la solicitud de Álvaro González Amador, quien pidió su expulsión de la carrera fiscal. Mediante un decreto, Peramato decide no tomar medidas contra García Ortiz, ya que considera que durante su gestión al frente de la Fiscalía General del Estado, su conducta no estaba sujeta al régimen disciplinario aplicable a los miembros de la carrera fiscal, según informan fuentes de la Fiscalía a EFE. La pareja de Ayuso solicitaba la destitución del fiscal general invocando el régimen disciplinario establecido en el Estatuto del Ministerio Fiscal, el cual establece que aquellos condenados por delitos intencionales con penas superiores a seis meses no pueden ejercer funciones fiscales hasta que no hayan sido rehabilitados. No obstante, según la opinión de la fiscal general, al líder de la Fiscalía General del Estado únicamente le corresponden las razones de incompatibilidad establecidas para los fiscales de carrera, excluyendo el resto del régimen disciplinario. Además, se indica que el titular de la Fiscalía General del Estado puede ser seleccionado entre juristas y no es obligatorio que sea un fiscal en ejercicio. Además, la fiscal general ha rechazado la solicitud de González Amador para ser reconocido como interesado y así poder participar en un procedimiento gubernamental. La resolución de Peramato se basa en el recurso que González Amador presentó contra el decreto que ella emitió el 23 de diciembre, en el cual se aprobaba el reintegro de García Ortiz en la carrera fiscal, tras la aprobación de la Inspección Fiscal. En noviembre pasado, el Tribunal Supremo impuso a García Ortiz una pena de dos años de inhabilitación para ejercer como fiscal general debido a un delito de divulgación de información confidencial.
La fiscal general descarta sancionar a García Ortiz como pidió la pareja de Ayuso
