Marruecos avisó a España que el fallo del Tribunal Supremo español a principios de julio afectó la cooperación en materia migratoria, según una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí, que indicó que la gestión migratoria es una responsabilidad compartida. La fuente afirmó que Marruecos cumple con sus obligaciones y que no actúa bajo presiones ni chantajes. La política migratoria de Marruecos se basa en dos ejes: uno preventivo y otro disuasorio, que se debilitó tras el fallo del Tribunal Supremo, dificultando las devoluciones. La fuente mencionó que el efecto de la resolución judicial se vio amplificado por la difusión en redes sociales y por las redes dedicadas a la trata de personas. También expresó decepción por algunas reacciones de políticos españoles, pero afirmó que la colaboración con el Gobierno español es óptima. La fuente subrayó que el componente de seguridad por sí solo no será suficiente para gestionar los flujos migratorios y planteó la dificultad de movilizar agentes de seguridad. Afirmó que el control de la migración cuesta a Marruecos alrededor de 500 millones de euros anuales, mientras que la financiación de la Unión Europea es de 145 millones de euros.
Marruecos dice que alertó a España antes de la crisis en Ceuta de que la decisión del Supremo debilitaba la cooperación migratoria
