La Fiscalía ha solicitado la amnistía para aproximadamente 40 empresarios y ex altos funcionarios del Gobierno de Carles Puigdemont que están siendo procesados por los preparativos del 1-O, después de un estancamiento debido a un debate sobre competencias judiciales. En un documento al que EFE ha tenido acceso, el ministerio público sostiene que los acusados por el 1-O deberían recibir amnistía, ya que sus acciones se limitaron a la financiación y organización del referéndum, lo que las hace elegibles para la amnistía. La Fiscalía excluye de la amnistía dos gastos específicos que considera no relacionados con el procés: el servicio de limpieza y una auditoría solicitada por el Diplocat. Por ello, solicita que se lleve a juicio a los exsecretarios generales de la institución, Roser Clavell y Albert Royo, únicamente por esos contratos. En su documento, el fiscal se aparta de la postura del Tribunal Supremo y subraya que también debería incluirse en la amnistía el delito de malversación, además de los de prevaricación, falsedad documental y desobediencia, por los cuales fueron acusados los organizadores del referéndum. De no hacerlo, se correría el riesgo de dejar «sin efecto» lo establecido en la ley.
