El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente considera que hay indicios de un posible delito en la conducta de la ex presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, relacionada con la contratación de Jéssica Rodríguez en dos entidades públicas. Ha decidido que la decisión sobre su imputación recaiga en la Audiencia Nacional. El juez ha emitido una resolución en la que remite al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, los documentos preparados por Ineco y Tragsatec relacionados con estos contratos, así como parte del informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y la declaración que Jéssica Rodríguez ofreció como testigo ante el juez. Todo esto con el fin de que se evalúe la posible presencia de indicios de actividad delictiva en las acciones de Pardo de Vera en esas contrataciones y se decida si corresponde convocarla como investigada. El juez afirma que hay indicios para pensar que Pardo de Vera podría haber tenido un papel en una contratación irregular y arbitraria por parte de varias empresas públicas de una persona seleccionada por Ábalos, quien habría contado con la colaboración del exasesor del ministerio Koldo García. Además, se menciona que durante el tiempo en que estuvo contratada, no realizó actividad laboral, a pesar de que ambas empresas públicas enviaron informes que confirmaban que Jéssica Rodríguez había trabajado. Para el juez, las comunicaciones entre Pardo de Vera y Koldo son reveladoras en este contexto, según lo que ha revelado la UCO.
