Entre las políticas que están por presentarse en los presupuestos de 2025 se encuentran las cuatro semanas de licencia parental pagada, el aumento salarial para los funcionarios y la revisión del IPREM. El Gobierno sostiene que estas cuentas no son necesarias para aumentar el gasto en defensa. A pesar de que el Gobierno no ha descartado la posibilidad de presentar un presupuesto para este año, los plazos se están agotando para una normativa que es crucial. En ciertos casos, el Gobierno podría abordar estos temas mediante ampliaciones de crédito o decretos ley, pero en otros, quedarían pendientes para futuros presupuestos. Este es el caso del permiso parental remunerado, una obligación establecida por la Unión Europea que España ha estado incumpliendo desde agosto del año pasado y que el Gobierno de coalición se comprometió a tratar durante las negociaciones presupuestarias. La directiva europea sobre conciliación, aprobada en 2019, establece que cada trabajador tiene derecho a un permiso parental de cuatro meses antes de que su hijo cumpla 8 años. Para cumplir con esa obligación, el pacto entre el Gobierno y PSOE-Sumar incluyó el compromiso de remunerar 4 de las 8 semanas del permiso parental, un tema que está pendiente y sin presupuesto para este año. Otro de los puntos que el Gobierno relaciona con la aprobación de los presupuestos para este año es el aumento salarial de los trabajadores del sector público, específicamente el 0,5 % que está pendiente para 2024. Esto ha sido defendido por el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, aunque los sindicatos lo rechazan y piden que se apruebe a través de un decreto ley. Se planea aumentar este año los salarios del Ejército y la Armada como parte de la estrategia de defensa. Además, el valor del IPREM permanece congelado, lo cual es fundamental para determinar el monto de ayudas públicas, subvenciones o el subsidio por desempleo y no ha cambiado desde 2023, cuando se estableció en 600 euros al mes.
