La destitución del fiscal general del Estado, que se contempla en la reforma legal que el Gobierno planea aprobar, necesitará un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para prevenir despidos. Este requisito forma parte de la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que el Consejo de Ministros busca aprobar para reforzar su independencia. Se establece un mandato de cinco años para el fiscal general, el cual no podrá ser prorrogado y se desvincula su mandato del Gobierno. La normativa establece que solo se puede destituir a una persona en caso de un incumplimiento de sus responsabilidades. Además, se ha incorporado un informe del CGPJ para evitar despidos por parte del Gobierno.
