La public prosecution en el caso contra David Sánchez, hermano del Primer Ministro, busca una pena de tres años de prisión por delitos de influencia peddling, misconducto administrativo y nombramientos ilegales. En su petición para iniciar un juicio oral, que incluye a David Sánchez y a diez personas más, la acusación popular también exige que el hermano del presidente del Gobierno restituya los salarios percibidos desde junio de 2017 hasta febrero de 2025. El documento de la acusación popular ha sido presentado a la jueza Beatriz Biedma, quien emitió un auto de procesamiento contra estas once personas por delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
