El Gobierno y las comunidades gobernadas por el PP presentan enfoques diferentes en relación a la vivienda, que se pueden resumir en mayor intervención por parte del Estado y un enfoque orientado al mercado. Estos modelos se debatirán en la Conferencia de Presidentes en Barcelona. El Gobierno se enfoca en disminuir los costos de los alquileres y ha impulsado una Ley de Vivienda que contempla la designación de áreas de mercado tensionado. La mayoría de las comunidades populares se oponen a esta medida, salvo la Xunta de Galicia, que ha dado su visto bueno a la solicitud de A Coruña, aunque creen que no resolverá el problema de acceso a la vivienda en la ciudad. Según la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, la implementación de esta ley ha logrado reducir el costo del alquiler en la ciudad en un 6%. Esto ocurre en un contexto donde el aumento del precio de la vivienda la vuelve inasequible para sectores de la población, tanto para la compra como para el alquiler.
