Organizaciones han solicitado al Gobierno que implemente un mecanismo para evaluar y escuchar a los menores extranjeros no acompañados durante su reubicación, además de designar un defensor judicial que actúe en su interés. Organizaciones como Unicef España, Plataforma de Infancia y Save The Children han compartido sus contribuciones al borrador del real decreto que el Gobierno está elaborando para regular el proceso de reubicación de jóvenes desde áreas con recursos limitados a otras regiones. Un sistema que enfrenta la oposición de comunidades autónomas, especialmente aquellas gobernadas por el PP y que resultará en el traslado de aproximadamente 4,400 jóvenes desde Canarias y Ceuta a otras regiones con mayores recursos para su atención en el transcurso de un año.
