El Tribunal Supremo ha instruido al Gobierno para que tome acciones respecto a los mil menores no acompañados en Canarias que desean solicitar asilo y ha señalado que, si se produce otro incumplimiento, podrá aplicar medidas coercitivas a los responsables. En un fallo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha afirmado que durante la audiencia del 29 de mayo, en la que el Gobierno debía detallar las acciones tomadas, se evidenció un incumplimiento de la medida cautelar establecida el 25 de marzo, a solicitud del Gobierno de Canarias. El Gobierno admitió que, en los dos meses transcurridos desde la orden, no había realizado ninguna evaluación de menores ni había creado un listado completo de los jóvenes afectados. Los jueces subrayan que la Administración estatal no ha intervenido para asegurar que estos menores tengan acceso a las condiciones de acogida que les corresponden, ni ha implementado acciones para solucionar la saturación en el proceso de gestión de solicitudes. Por esta razón, reitera su solicitud al Gobierno para que implemente acciones, como proporcionar en un plazo máximo de 30 días los recursos necesarios a las oficinas para gestionar las solicitudes de asilo y asegurar que en 15 días se facilite el acceso de estos menores al sistema estatal de acogida para solicitantes de asilo.
