La magistrada encargada del caso de David Sánchez opina que el «aforamiento inesperado» de Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE en Extremadura, representa un «engaño legal». La jueza solicita al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que considere que la acción del ex presidente de la Diputación de Badajoz «infringe el derecho a ser juzgado por el juez ordinario designado por la ley» y que perjudicará el proceso de la causa, que sufrirá retrasos debido a su traslado a instancias superiores. Tras examinar la documentación enviada al Juzgado por la Junta Electoral, la jueza opina que el proceso de aforamiento de Gallardo fue una «estrategia» dentro de «un plan». Se explica que el 19 de mayo se solicitó la presencia de un notario en la sede del PSOE en Extremadura, ubicada en Mérida, «únicamente para que los cuatro candidatos que aparecían en la lista electoral antes que Gallardo renunciaran a ser declarados diputados electos» de la Asamblea regional. Estas cuatro personas fueron «convocadas específicamente con ese propósito». Al día siguiente, la diputada del PSOE María de la Cruz Rodríguez presentó su dimisión ante la Letrada Mayor de la Cámara legislativa. Veinticuatro horas después, la jueza Beatriz Biedma continúa su relato, la Junta Electoral de Extremadura emitió la credencial que acreditaba a Gallardo como diputado autonómico. En este contexto, Biedma destaca que Gallardo optó por asumir el cargo de diputado después de que se dictara el auto de procedimiento abreviado en el caso de la contratación de David Sánchez y «no debido a la dimisión o renuncia de la persona que lo precedía en la lista de candidatos, sino por varias», las cuales ocurrieron más tarde.
