La Comisión Europea afirma que la ley de amnistía no tiene un propósito general, sino que parece ser una autoamnistía, ya que es parte de un pacto político para facilitar la investidura del Gobierno de España y los beneficiarios han sido fundamentales para su aprobación. La Comisión realiza ese análisis en sus observaciones respecto a la cuestión prejudicial presentada por el Tribunal de Cuentas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con la implementación de la Ley Orgánica de Amnistía. Los abogados de la Comisión Europea señalan que, si existe fundamento para considerar que las autoamnistías utilizadas por quienes detentan el poder político para asegurarse inmunidad legal son incompatibles con el principio del Estado de derecho, entonces el mismo razonamiento debería aplicarse cuando el Gobierno asegura la impunidad de sus aliados a cambio de respaldo en el Parlamento.
