Toledo (EFE) El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley del Gobierno central que regula la distribución de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. Esta medida implicaría la llegada de 500 niños a Castilla-La Mancha, pero se ve obstaculizada por la falta de financiación. La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha comunicado en una conferencia de prensa que se ha aprobado este recurso tras recibir el informe del Consejo Consultivo sobre el decreto ley, el cual se ha implementado sin diálogo entre las comunidades autónomas y el Gobierno y que llega sin compensación económica ni financiación, lo que pone en peligro la garantía del interés superior del menor. Padilla ha pedido 250 millones de euros para todas las comunidades autónomas con el fin de atender a los menores migrantes no acompañados.
