El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha solicitado al Tribunal Supremo que cierre el caso relacionado con la divulgación de secretos sobre el compañero de Isabel Díaz Ayuso, argumentando que no hay indicios. Además, ha desestimado las inferencias sobre supuestas directrices del Gobierno. La Abogacía del Estado presenta un recurso ante la Sala de Apelación contra la decisión del juez Ángel Hurtado, quien lo dejó cerca de ser juzgado. Argumenta que dicha decisión contiene conclusiones incorrectas y que carece de base.
