Madrid. Este viernes, tres empresarios mencionados en el informe de la UCO han rechazado ante el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, haber entregado ‘mordidas’ a la red Koldo a cambio de contratos públicos. Los responsables de Levantina Ingeniería y Construcción (José Ruz) y de Obras Públicas y Regadíos (los hermanos Daniel y Antonio Fernández) han sido citados ante el juez como investigados, tras revelarse que supuestamente habrían abonado comisiones a la red Koldo a cambio de contratos públicos. Fuentes legales han comunicado a EFE que los empresarios de LIC y OPR han rechazado irregularidades en los contratos con Transportes, afirmando que estos se llevaron a cabo de manera legal. A pesar de rechazar las acusaciones de sobornos, los tres han señalado que para obtener contratos de obra pública, es fundamental acercarse al ministerio, ya que esto influye en la reputación de la empresa y permite entender mejor su funcionamiento para enfrentar cualquier proceso de licitación pública. Al finalizar sus declaraciones, la Fiscalía solicitó al juez que imponga a los tres, como medidas preventivas, comparecencias cada quince días y a Ruz, la confiscación del pasaporte, una solicitud a la que se han sumado las acusaciones populares. Puente los incluyó en el caso debido a que su comportamiento «parecería estar indisolublemente ligado» al de Santos Cerdán. Sin embargo, las fuentes destacan que no se les ha hecho ninguna pregunta sobre el exlíder socialista, lo cual ha sorprendido a varios abogados defensores.
