Bruselas ha iniciado un procedimiento de infracción contra España, al considerar que las leyes aplicadas para evaluar y regular la oferta pública de adquisición del BBVA sobre el Banco Sabadell violan normativas comunitarias, incluyendo aquellas que aseguran la libertad de establecimiento y la circulación de capitales. Bruselas considera problemático cómo el Gobierno ha implementado la Ley de Defensa de la Competencia al imponer condiciones adicionales a la operación, ya que opina que no era necesario llevar la decisión de la Comisión Nacional de la Competencia al Consejo de Ministros. Además, la ley española de regulación, supervisión y solvencia de entidades de crédito de 2014, junto con el real decreto de 2015, confiere al Ministerio de Economía facultades amplias para tomar decisiones sobre transacciones bancarias, lo que va en contra de la normativa comunitaria. El Ejecutivo de la Unión Europea ha determinado que España está violando las normas de los Tratados de la UE que aseguran la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales, así como el reglamento sobre la supervisión bancaria única y la directiva y reglamento relacionados con los requisitos de capital. España dispone de un plazo de dos meses para responder a la carta de requerimiento del Ejecutivo comunitario, que, si considera la respuesta insatisfactoria, podría iniciar un procedimiento de infracción. Esto podría culminar en llevar al país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y solicitar una sanción por el incumplimiento.
