Daniel Alberto Rivera, director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, ha sido sentenciado a cuatro años y un mes de prisión en un procedimiento relacionado con el caso de los ERE fraudulentos, debido a las ayudas otorgadas a extrabajadores de la compañía Fertiberia. El fallo de la Audiencia de Sevilla lo califica como responsable de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Se le impone la obligación de compensar a la Junta con 682.598 euros, que corresponde a las ayudas otorgadas a 14 exempleados de Fertiberia. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha comunicado que un exlíder de CCOO y el sindicato han sido exonerados de los cargos mencionados. La Audiencia sostiene que no se ha demostrado que su actuación como dirigente sindical haya tenido una contribución en la realización de los hechos. La práctica denunciada habría implicado que los empleados pidieran un traslado a otro lugar de trabajo para luego conseguir una baja incentivada, con el objetivo de obtener ingresos y facilitar una concesión de ayudas para la prejubilación.
