El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid solicita una pena de cuatro años de cárcel para el abogado general del Estado, Álvaro García Ortiz, debido a un delito de divulgación de secretos relacionado con la filtración de datos sobre el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. En el documento de acusación, el ICAM pide que se impongan tres años adicionales de prisión a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por su papel como cooperadora en el mismo delito. Además, sugiere una multa de 81.000 euros, una suspensión de tres años de su cargo público y una inhabilitación especial para el puesto de fiscal general del Estado para García Ortiz.
