El Gobierno informa a la Fundación Francisco Franco sobre el inicio del procedimiento para solicitar su disolución, tras determinar que sus actividades promueven el franquismo y no persiguen objetivos de interés público, aunque será el sistema judicial el que tome la decisión final. El proceso para pedir la disolución de la Fundación Francisco Franco se inició hace más de un año, cuando el Ministerio de Cultura comenzó a reunir información, ya que es el organismo encargado del Protectorado Estatal de Fundaciones. El Ministerio de Cultura solicitó un informe al registro de fundaciones y otro a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, dado que el Gobierno opina que la Fundación Francisco Franco no cumple con la Ley de Fundaciones ni con la Ley de Memoria Democrática. Después de recibir estos informes, el Ministerio de Cultura ha notificado oficialmente a la Fundación Francisco Franco sobre el inicio del proceso para solicitar su disolución ante los tribunales. Ha llevado a cabo esta acción mediante una resolución en la que detalla las razones por las cuales, en su opinión, la fundación debe ser disuelta. A partir de ahora, la fundación tiene un plazo de diez días hábiles para presentar sus argumentos ante el Ministerio.
El Gobierno comunica a la Fundación Francisco Franco la apertura del proceso para pedir su extinción
