El titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha abogado por la reforma de las legislaciones sobre dependencia y discapacidad, en respuesta al desafío demográfico que incrementará la cantidad de personas mayores y dependientes. Su objetivo es establecer un sistema de cuidados público y de calidad. El ministro ha manifestado su dedicación a lograr que el 50 % de la financiación para la dependencia provenga de la administración central. Además, ha señalado que es fundamental establecer las bases de un estado social que brinde protección a todos. Según Bustinduy, esta es la reforma social que se presenta en el Congreso de los Diputados para su discusión parlamentaria, contando con consenso de la sociedad civil, las comunidades autónomas y los organismos consultivos. El proyecto altera la legislación sobre Dependencia para extender la asistencia en el hogar a actividades como acudir al médico o realizar compras, establece la teleasistencia como un derecho y proporciona servicios temporales para personas con alta dependencia y severa mientras esperan la resolución de su solicitud. Según el ministro, la reforma refuerza la accesibilidad como un derecho para las personas con discapacidad, asegura que puedan laborar mientras reciben una ayuda por dependencia y promueve el nuevo Artículo 49 de la Constitución.
