Este martes, el Consejo de Ministros planea aprobar en segunda lectura la reforma de las leyes sobre dependencia y discapacidad, con el objetivo de iniciar su tramitación en el Parlamento. Esta reforma busca ampliar derechos y beneficios, así como hacer más eficientes los procedimientos. La legislación, promovida por el Ministerio de Derechos Sociales, elimina las restricciones de incompatibilidad en las prestaciones de dependencia, amplía la asistencia domiciliaria para incluir actividades como la compra y la realización de trámites y establece la teleasistencia como un derecho. De acuerdo con el borrador del proyecto, se otorgará automáticamente el reconocimiento a cualquier persona dependiente con una discapacidad del 33 % para reducir la carga administrativa. Además, las comunidades estarán obligadas a llevar a cabo obras de accesibilidad, como la instalación de ascensores o rampas, si un vecino lo solicita, contando con el respaldo de ayudas y subvenciones. Asimismo, se modifica la ley general de derechos de las personas con discapacidad de 2013 para erradicar la discriminación en la obtención de seguros de salud y vida. Además, se establece la accesibilidad universal como un derecho que puede ser exigido legalmente y se crea un fondo estatal destinado a fomentar su implementación en espacios públicos. De acuerdo con el borrador de esta norma, se clasifica como una infracción grave, con sanciones que oscilan entre 600.000 y un millón de euros, la realización de espectáculos parecidos al ‘bombero torero’ y, en general, la exhibición pública de una persona en función de su discapacidad. Las modificaciones en la ley de dependencia de 2006 tienen como objetivo facilitar los procedimientos, eliminar el régimen de incompatibilidades entre las ayudas y ampliar la asistencia para el cuidado de personas cercanas, considerando las nuevas formas de convivencia, como con vecinos o amigos.
