El Tribunal Supremo ha impuesto una pena de dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por haber revelado información confidencial relacionada con la filtración de un correo que admitía un fraude fiscal por parte de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Solo una semana después de la conclusión del juicio, el tribunal superior ha anticipado el veredicto de una decisión que incluirá un voto particular en desacuerdo de dos de los siete jueces. Las magistradas Ana María Ferrer y Susana Polo están en desacuerdo con la resolución de sus colegas, lo que ha llevado a que el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, se encargue de redactar la sentencia. La decisión obligará a Álvaro García Ortiz a pagar una compensación de 10.000 euros por daños a Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de Madrid, así como a cubrir los gastos procesales del juicio, incluyendo los de la acusación particular que presentó este empresario. Cinco de los siete jueces han determinado que el fiscal general del Estado cometió un delito de divulgación de información confidencial, según lo estipulado en el artículo 417.1 del Código Penal, que penaliza a «la autoridad o funcionario público que revele secretos o información a la que tenga acceso debido a su trabajo o posición y que no debería ser divulgada». La resolución del tribunal superior resultará en la destitución de Álvaro García Ortiz de su cargo como jefe de la Fiscalía General del Estado.
