Los primeros diez menores que han solicitado protección internacional y que fueron trasladados desde Canarias a la península, ya se encuentran en Gijón, según han comunicado fuentes del Gobierno asturiano a EFE. Son nueve personas de Malí y una de Senegal, todos mayores de 16 años, que han sido recibidos en las instalaciones de la ONG Accem en esta ciudad y han llegado junto a varios educadores. Las mismas fuentes han indicado que, aunque la responsabilidad sigue siendo del Gobierno de Canarias, el traslado se ha realizado de manera coordinada y con la comunicación adecuada por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado. La consejera de Asturias, Marta del Arco, ha destacado que estos individuos tienen la condición de refugiados, lo que significa que el Ministerio de Inclusión es el encargado de gestionar sus traslados, ya que están bajo un programa de protección internacional. Sin embargo, estos menores continuarán bajo la tutela de Canarias y serán acogidos por Accem, que cuenta con acuerdos de colaboración. El Ayuntamiento de Gijón ha declarado que no tienen conocimiento de la operación y que no recibieron información directa sobre la llegada de este primer grupo de menores. Sin embargo, Jesús Martínez Salvador, el segundo teniente de alcalde y portavoz del Gobierno municipal, ha afirmado que el Ayuntamiento, junto con todos sus servicios, estará disponible para colaborar en lo que sea necesario y que, por ahora, no tiene mucho más que añadir, aunque siempre es preferible contar con información que carecer de ella. La vicealcaldesa y portavoz del PP en Gijón, Ángela Pumariega, ha expresado una crítica al considerar que el Ayuntamiento no fue informado sobre la llegada de este grupo de menores, tanto por el Gobierno central como por el liderado por Adrián Barbón en Asturias. La vicealcaldesa de Gijón ha declarado que este comportamiento evidencia el desorden en la política migratoria del país. Según su perspectiva, los menores se están asignando sin un plan para su integración y sin una distribución entre todas las comunidades autónomas, ya que hay una exclusión de regiones como Cataluña o el País Vasco.
