Luxemburgo.- Este martes, la Comisión Europea reiteró ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que «la ley de amnistía no parece tener un propósito de interés general, ya que forma parte de un pacto político para facilitar la formación del Gobierno de España». El representante legal de la Comisión Europea, Carlos Urraca, señaló que «las autoridades españolas no siguieron la sugerencia de la Comisión de Venecia de tomarse el tiempo necesario para llevar a cabo un diálogo con el fin de alcanzar el objetivo de reconciliación».
La Comisión hizo esta declaración durante la audiencia que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lleva a cabo hoy, en relación con las preguntas prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas sobre si la amnistía podría comprometer los intereses financieros de la Unión Europea. Este caso involucra a 35 ex altos funcionarios de la Generalitat, incluidos los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas.
En este contexto, el abogado de la Comisión sostuvo que no hay «una conexión lo suficientemente directa entre las irregularidades mencionadas (la financiación del procés) y los fondos propios de la Unión». Sin embargo, Bruselas afirmó que es responsabilidad del Tribunal de Cuentas decidir si se han utilizado fondos europeos para financiar el procés y destacó que el plazo de dos meses que la amnistía otorga a los jueces para implementar la norma «podría obstaculizar» la realización de «este análisis». En cambio, el fiscal principal del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo, afirmó que el período de dos meses facilita que el Tribunal de Cuentas pueda verificar este asunto «sin inconvenientes», una postura que también respaldaron la Abogacía del Estado y los letrados de los demandados.
