La Fiscalía General del Estado ha rechazado la afirmación de que los problemas ocurridos el año pasado en la transferencia de datos de las pulseras de control telemático de agresores pusieron en riesgo a las víctimas, ya que los dispositivos operaron en todo momento. El ministerio público comunicó que los problemas específicos no estaban relacionados con los dispositivos, sino con la transferencia de datos anteriores a marzo de 2024. Esto afectó a ciertos procesos penales por incumplimiento de condena, ya que la falta de evidencia sobre la ubicación de los agresores resultó en el archivo temporal de algunos casos. No obstante, la Fiscalía ha indicado que la mayoría de los casos en los que no se pudieron presentar datos se solucionaron más tarde, ya que los sobreseimientos provisionales se reabrieron una vez que se obtuvieron los datos. En este contexto, ha afirmado que esos procesos judiciales se debían a la violación de una orden de alejamiento y no a un caso de violencia. Además, ha señalado que el informe técnico que proviene del Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento no es necesariamente la única evidencia en contra; pueden existir otros elementos que sirvan como prueba. El ministerio público ha subrayado que los dispositivos de monitoreo electrónico para agresores funcionaron adecuadamente, asegurando la protección de las mujeres. Además, la colaboración entre las fiscalías facilitó la identificación del problema y su comunicación a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. En un comunicado, la Fiscalía expresó su pesar por la preocupación que la información sobre este incidente, incluida en su informe anual, pudo haber causado en las víctimas, ya que dicho informe se elabora con anticipación.
