La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado al tribunal superior que revoque la decisión que impuso a Álvaro García Ortiz una multa de 7.200 euros y dos años de inhabilitación para ejercer como fiscal general del Estado debido a un delito de divulgación de información confidencial. En un documento firmado por María de los Ángeles Sánchez Conde, el Ministerio Público presenta un incidente de nulidad debido a la violación del derecho a la presunción de inocencia, la indefensión, así como la infracción del derecho a la legalidad penal y a la protección judicial efectiva. Por estas razones, solicita al Tribunal Supremo que revoque la sentencia condenatoria y que también anule la indemnización de 10.000 euros que García Ortiz debe abonar a Alberto González Amador por los perjuicios que le habría ocasionado la divulgación de información confidencial relacionada con sus negociaciones con la Fiscalía sobre delitos fiscales.
La Fiscalía pide al Supremo que anule la sentencia que condenó a García Ortiz
