La próxima ley orgánica de integridad pública establecerá que aquellos condenados por corrupción no podrán acceder a beneficios penitenciarios ni a la libertad condicional a menos que hayan restituido las sumas sustraídas, incluyendo intereses. Este anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros, que espera enviarlo al Congreso como proyecto de ley antes de que finalice el primer semestre del año, con la intención de que se apruebe antes de que termine la legislatura. Entre las disposiciones de esta norma, fuentes del Gobierno han señalado la prohibición de otorgar beneficios penitenciarios o libertad condicional a quienes no hayan devuelto lo que robaron, una decisión que corresponde a la administración penitenciaria o al tribunal que dictó la sentencia.
La ley anticorrupción impedirá beneficios penitenciarios si no se devuelve lo robado
