Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la Ley de Administración Abierta, que incluye iniciativas para mejorar la transparencia en las administraciones, como la obligación de hacer públicas las agendas institucionales y los viajes de altos funcionarios públicos. Se establece un sistema de infracciones que permite aplicar sanciones a los funcionarios que no cumplan con las normativas legales relacionadas con la transparencia. El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha presentado esta reforma como una respuesta ante el aumento de la desafección hacia la política, la desinformación, el negacionismo histórico y los discursos antidemocráticos.
