Los aliados parlamentarios del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, demandan que el Ejecutivo y el PSOE transformen sus gestos en acciones en relación con el caso Koldo y piden que se centre la atención en las «empresas corruptoras» y sancionar a los políticos corruptos. El informe de la UCO que involucró al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en el caso Koldo menciona al menos cuatro empresas, incluyendo Acciona, que habría realizado pagos a José Luis Ábalos, exministro y a su exasistente Koldo García a cambio de contratos públicos. También se menciona a Servinabar, una empresa navarra que llevaba a cabo obras en colaboración con Acciona. La empresa constructora ha iniciado una investigación interna para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades y ha despedido a su director de Construcción para España. Servinabar ha negado que se le pueda atribuir algún delito y ha afirmado que Cerdán no ha sido ni es socio de la empresa. Los colaboradores de Sánchez desean que la sanción para las empresas que abonen comisiones sea severa. El portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, resumió tras su reunión con Sánchez que se deberían aplicar sanciones y multas. Según indicó, Sánchez se comprometió a intensificar la lucha contra los «corruptores» y ERC tiene la intención de presentar una propuesta legislativa al respecto. Además, Sumar ha tomado la delantera en este asunto. Desde ese colectivo, Más Madrid ha presentado una iniciativa legislativa para alterar el Código Penal y la Ley de Contratos del Sector Público para mejorar la lucha contra la corrupción. En 2010, se estableció en el Código Penal la responsabilidad penal de las empresas por corrupción empresarial, lo que implica el pago de sobornos para conseguir ventajas. Además, se incorporó en el listado de sanciones la inhabilitación para recibir subvenciones y ayudas públicas, así como para contratar con el sector público. Sin embargo, Más Madrid advierte que esas sanciones no fueron consideradas entre las posibles medidas cautelares, lo que significa que los fondos públicos permanecen desprotegidos, dado que el proceso judicial para estos delitos es complicado y puede tardar tiempo en llegar a una resolución. Además, las sentencias han sido limitadas, ya que no es suficiente que el delito realizado por un individuo favorezca a la empresa; también es necesario demostrar la ausencia de medidas de control adecuadas que eviten las prácticas corruptas. Los Comunes y el BNG han solicitado acciones para impedir que empresas y personas con condenas puedan contratar con el sector público y el PNV ha concordado en la importancia de implementar medidas que impacten a las empresas.
