Otra jueza ve posible delito de la exmilitante del PSOE Leire Díez y envía el caso al juzgado que la investiga

Una magistrada en Madrid opina que la querella interpuesta por el partido Iustitia Europa contra Leire Díez sugiere la posible comisión de un delito y ha decidido remitir el asunto al tribunal que ya la investiga por corrupción y tráfico de influencias. En un documento al que EFE ha tenido acceso, la jueza del Juzgado de Instrucción número 44 de Madrid envía a su colega del juzgado número 9 la denuncia presentada por delitos como tráfico de influencias, prevaricación, encubrimiento, obstrucción a la justicia, cohecho y pertenencia a una organización criminal. La jueza decide iniciar un procedimiento preliminar tras recibir la denuncia, aunque observa que en el juzgado número 9 ya se lleva a cabo una investigación por los mismos hechos, por lo que opta por apartarse del caso y remitirlo al juez Arturo Zamarriego. Este juez ha convocado a Leire Díez para que declare el próximo 11 de noviembre en calidad de investigada debido a sus acciones para influir en procedimientos judiciales. Esta citación se realizó a solicitud de la Fiscalía, tras la denuncia presentada por la organización Hazte Oír contra la exmilitante del PSOE. La Fiscalía de Madrid remitió un documento al juez Zamarriego solicitando que se le imputara por haber intentado sobornar a dos fiscales, José Grinda e Ignacio Stampa, a cambio de información. La Fiscalía envió al juez sus investigaciones sobre los intentos de soborno, pero este magistrado decidió no incluirlas en el caso. Por lo tanto, la Fiscalía presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid. Este juez debe decidir sobre la recusación establecida por la responsable del Juzgado de Instrucción 44 después de la denuncia presentada por Iustitia Europa. Las acusaciones contra Díez comenzaron después de que se hiciera pública una grabación en la que la exmilitante participaba en una reunión junto al empresario Javier Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo, con el empresario Alejandro Hamlyn, con el fin de conseguir información sobre el encargado de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

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