La Universidad Complutense de Madrid solicita que, si Begoña Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, fueran condenadas por malversación, ambas indemnicen solidariamente a la institución académica con 113.509,32 euros en concepto de responsabilidad civil. La Complutense sostiene esa tesis en el escrito de conclusiones remitido para el juicio con jurado que tendrá lugar en la Audiencia Provincial de Madrid por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, en el que calcula en esa cifra el coste del desarrollo del software realizado en el marco de la Cátedra de Transformación Social y Competitiva que dirigía Gómez y que, según la investigación judicial, se habría destinado a fines privados. La Universidad, que actúa en el procedimiento como parte civil perjudicada, solicita además que se le devuelvan la propiedad y el control del software, junto con todos los elementos, soportes, dominios, accesos, credenciales, archivos, documentación técnica, código fuente, registros, marcas, derechos de explotación y cualquier otro activo relacionado con el mismo que esté en poder de las personas que resulten condenadas. En el documento, el centro adopta como propios los argumentos de la Audiencia Provincial de Madrid sobre los indicios de que Begoña Gómez, como codirectora de la cátedra y responsable de la gestión de recursos, habría redirigido el software desarrollado con fondos y medios públicos para su uso y control exclusivos, mientras que su asesora habría actuado como cooperadora necesaria. Además, la Universidad Complutense enumera las actuaciones que apuntan a una posible malversación: la inscripción de la marca “TSC”; la solicitud de registro de la marca “Plataforma de mediación de impacto social y medioambiental”; la cesión a su favor de ese dominio web; y la creación en 2023 de la sociedad Transforma TSC S.L., con Gómez como administradora única, cuyo objeto es la explotación comercial del software. El centro subraya que esas maniobras de inscripción y apropiación habrían arrebatado a la universidad la titularidad y el control de un activo generado con sus recursos y financiación, o habrían lesionado su propiedad. Asimismo, entiende que la Audiencia de Madrid sugiere una gestión del patrimonio público y recalca que entre la Complutense y Gómez mediaba una relación de confianza. Los 113.509 euros solicitados corresponden a la suma del gasto en el software y a los costes de personal. La compensación busca resarcir la falta de disponibilidad del software desarrollado con fondos públicos y cubrir las remuneraciones del personal cuya actividad se habría destinado a fines particulares.
La Universidad Complutense reclama a Begoña Gómez y a su asesora 113.000 euros por el ‘software’
