La dimensión y las ramificaciones del caso Leire se amplían a medida que avanza la investigación, con dos ejes principales: presuntos intentos de obstaculizar procesos judiciales para proteger al PSOE y una trama que se habría valido de empresas públicas para obtener comisiones ilícitas. Hay cerca de 40 personas investigadas. Lo que se presentaba como un asunto aislado de una militante que, según el PSOE, actuaba por su cuenta, cobró fuerza cuando, el 27 de mayo, agentes de la UCO se personaron en la sede del partido, en la calle Ferraz de Madrid, con el objetivo de recabar documentación. Dos meses después, el asunto ha desembocado en una investigación que salpica a instituciones del Estado, como la Fiscalía y la Guardia Civil, que tiene imputados a su directora en funciones, Mercedes González y a su predecesor. A medida que se acumulan atestados policiales y declaraciones de testigos, la causa abierta en la Audiencia Nacional por el juez Santiago Pedraz incrementa el número de imputados, con el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán y la exmilitante socialista Leire Díez a la cabeza.
Un mapa del caso Leire: boicots para «proteger al PSOE», mordidas y decenas de imputados
