El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha rechazado la solicitud de impedir que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, continúe al frente de la Unidad Central Operativa (UCO), responsable de la investigación del caso Leire, en el que la propia dirigente está imputada. Mediante una providencia, el magistrado rechaza la solicitud de la acusación popular unificada de prohibir que tanto González como el número dos de la Guardia Civil, Manuel Llamas, desempeñen cualquier función de mando en la UCO y en su área de delincuencia económica. Pedraz sostiene que esta medida no es necesaria porque la UCO ya figura en la causa como unidad actuante y, como policía judicial, únicamente debe dar cuenta a este instructor; además, si en algún momento considera perturbadas sus funciones, tendrá que comunicarlo a este Juzgado. La acusación popular unificada, coordinada por el PP, sostiene que mantener en sus puestos a la directora de la Guardia Civil y a su segundo es incompatible con la índole de los hechos investigados, ya que ambos conservan autoridad y control directo sobre los agentes de la UCO cuya labor indagatoria se intentó neutralizar. Por ese motivo, esta acusación solicitó que se les impidiera iniciar o cerrar expedientes o procedimientos disciplinarios, acceder a documentación relacionada con la investigación o ponerse en contacto con los agentes y testigos que han declarado en la causa, al considerar que existe un riesgo de represalias contra testigos y agentes, cuando en este procedimiento se indaga un supuesto entramado orientado a obstaculizar procesos judiciales que pudieran afectar al PSOE o al Gobierno, los mandos de la UCO que han declarado bajo juramento sobre las presiones padecidas continúan dependiendo jerárquicamente de los investigados.
El juez Pedraz no prohíbe a la directora de la Guardia Civil ejercer el mando sobre la UCO
